El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Energía y Cambio Climático, Diego Viu, han explicado en rueda de prensa cómo las medidas que se incluyen en el Decreto de simplificación administrativa permitirán la agilización de proyectos y trámites en materia de transición energética.

Entre las modificaciones relevantes se encuentra la inclusión del concepto de «interés autonómico energético» en lo que respecta al reconocimiento de los proyectos de utilidad pública, al tiempo que aprovecha para trasponer directivas europeas que permitirán la aceleración de las renovables, aplicando el interés público superior.

De esta manera, ha indicado el conseller, se incorpora un concepto específico que se desarrollará y explotará en la futura Ley de proyectos estratégicos autonómicos y que permitirá dar prioridades y beneficios a proyectos energéticos, entre otros, con el objetivo de facilitar su tramitación y agilizar todos los procesos administrativos.

Bajo esta figura, de interés autonómico energético, se incluyen también las instalaciones auxiliares, las baterías o las líneas de evacuación. Sáenz de San Pedro ha añadido que «esta medida obedece a un clamor por parte de todos los sectores para simplificar, agilizar y definir unos trámites transparentes que impulsen una transición energética sincera». Los sistemas de almacenamiento, ha continuado el conseller, son necesarios para integrar las renovables a la red y son elementos que tienen que ayudar en los objetivos de descarbonización del sistema eléctrico. «De poco nos sirve tener mucha producción solar renovable si la tenemos que limitar a una parte del día. Por tanto, le damos máxima prioridad».

El titular de Empresa, Empleo y Energía ha continuado explicando que el reconocimiento del interés autonómico energético a los proyectos de utilidad pública irá acompañado de la simplificación de los procesos de información pública con su difusión en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) y la página web de la Dirección General de Energía y Cambio Climático. De esta manera se reducen trámites paralelos que dependen de la Administración y que retrasan el proceso de información.

Así mismo, con la intención de simplificar los trámites se propone que las administraciones tengan 30 días para informar sobre proyectos energéticos y que, en caso de silencio, éste sea positivo. «La administración no puede ser un freno en ningún caso. La intención es que ningún proyecto se pare porque la administración no sea capaz de cumplir con su parte», ha indicado el conseller, al tiempo que ha añadido: «debemos poder hacer una criba efectiva contra aquellos proyectos que no tengan recorrido y poder atender con mayor celeridad y empuje aquellos que sean efectivos y que obedezcan a las necesidades de nuestras islas».

Por otra parte, con el objetivo de dotar de mayor transparencia y agilidad la tramitación de subvenciones y procedimientos, Sáenz de San Pedro ha mencionado que se consolida la obligatoriedad de la gestión electrónica de los trámites relacionados con la Dirección General de Energía y Cambio Climático. De esta forma, no solo se favorece la agilidad de las consultas y la mejora de los tiempos de tramitación, sino que también se influye positivamente en el desarrollo de aplicaciones y procesos de robotización. En este sentido, el conseller ha informado que los trabajos de implantación de la robotización en la administración están bastante avanzados y tendrán efecto antes de final de año en su primera fase».

La iniciativa de simplificación de trámites en materia energética también armoniza algunos parámetros urbanísticos sobre ocupación y edificabilidad que eliminarán disparidades de interpretación en el sistema y que constituyen un freno a la implantación de renovables. Así mismo, se modifican ineficiencias contempladas en la ley con un efecto perverso, como por ejemplo, la obligatoriedad de disponer en nuevos desarrollos urbanísticos del 100 % de la energía consumida en el plan. En este sentido, el conseller ha indicado que «este artículo obligaba a destinar una parte importante de los desarrollos a generar y almacenar energía, haciendo inviable la creación de nuevas viviendas o elevando aun más su precio. En plena emergencia habitacional hemos puesto nuestra parte modulando un requisito que puede cumplirse disponiendo de generación más eficiente por otros medios. Debemos actuar con inteligencia».

Finalmente, la normativa prevé una medida innovadora que permitirá un crecimiento del sistema de puntos de carga bajo el amparo de la red Movilidad Eléctrica de las Illes Balears (MELIB), a través de la simplificación de trámites existentes en la colaboración público-privada. «Con la medida recogida en el Decreto-ley, el Instituto Balear de la Energía (IBE) podrá acordar con particulares el uso de contadores privados para que la red MELIB pueda crecer en la vía pública. Las líneas de alimentación suelen ser el factor limitante y se favorece la colaboración con el sector privado para el crecimiento de la red. De esta manera, aquellos particulares que quieran convenir con el IBE podrán ceder su contador y acordar económicamente un régimen para que los puntos MELIB tengan la condición de servicio público, con lo que conseguiremos acelerar la implantación de puntos de carga eléctricos en zonas urbanas», ha concluido Sáenz de San Pedro.