La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), ha resuelto en poco más de ocho meses los expedientes de la convocatoria de 2023 (acabó el 28 de febrero de 2024) de las ayudas para la creación de empresas de jóvenes agricultores y agricultoras en las Illes Balears. En concreto, se han presentado 139 solicitudes, de las cuales 122 (83 en Mallorca, 20 en Menorca, 16 en Ibiza y 3 en Formentera) han cumplido los requisitos y se han aprobado con un importe de 6.185.420 euros de ayuda.

En este sentido, el conseller Joan Simonet ha recalcado que «se ha incrementado el presupuesto inicial de esta convocatoria, que era de 3,5 millones de euros, y hemos superado el importe de seis millones de euros en ayudas. Una vez más, se demuestra el compromiso del Govern con el sector. La Conselleria ha hecho un gran esfuerzo para atender todas las solicitudes recibidas y que ninguna incorporación al campo se quede fuera por falta de presupuesto». «Esta subvención significa que más de 120 jóvenes se comprometen a ejercer la actividad agraria en una explotación durante al menos cinco años desde la concesión de la ayuda», ha señalado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Simonet ha indicado también que «la incorporación de jóvenes como titulares de explotaciones agrarias es una de las medidas y apuestas más importantes del desarrollo rural de la PAC 2023-2027. Además, sin duda, está enfocada en la línea estratégica que marca la Unión Europea para hacer del sector agrario un sector más competitivo, rentable y sostenible». El objetivo de estas ayudas es el rejuvenecimiento de la población activa agraria, fomentando un relevo generacional que contribuya a la mejora de la competitividad y la dinamización del sector. También se pretende fomentar la ocupación en el sector agrario y en la actividad de la explotación, así como mejorar la competitividad de las explotaciones mediante la adaptación de sus producciones al mercado, el incremento de la rentabilidad de la producción, el impulso de la innovación y la utilización de nuevas tecnologías.

Hay que remarcar que el importe medio de la ayuda por solicitante en la PAC 2007-2014 fue de 28.500 euros, mientras que en el anterior periodo de la PAC (2014-2022) se situó en 41.518 euros. En cambio, en 2023 se ha pasado a 50.700 euros de media para cada joven que se incorpora al sector, dato que representa un aumento significativo. En este sentido, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, destaca que «este hecho significa que los proyectos presentados por los jóvenes este último año están mejor dimensionados económicamente». Fernández explica que las ayudas a la primera instalación de agricultores y agricultoras jóvenes consisten en una prima de 25.000 euros, que puede llegar hasta 80.000 euros en función de las condiciones de la explotación en la que se incorporan y la ambición del plan empresarial presentado: «Aumenta, por ejemplo, cuando el proyecto genera más unidades de trabajo agrario (UTA) y mayores rendimientos económicos. Es decir, los proyectos muy básicos se quedan con 25.000 euros de base y a medida que el plan empresarial es más ambicioso va aumentando el importe de la ayuda», expone el director general. La ayuda se abonará en dos pagos: un 50 % al inicio del plan empresarial, y el resto, cuando se logre este plan.

Hay que recordar que el 19 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) esta convocatoria de ayudas –que no se convocaba desde 2021– para la creación de empresas de jóvenes agricultores y agricultoras para los años 2023 y 2024. Con la de 2023 ya resuelta, ahora queda pendiente la de 2024, cuyo plazo de solicitudes empezó el pasado 1 de octubre y finaliza hoy. El presupuesto para esta convocatoria es de 3,5 millones de euros.

Los principales requisitos para optar a estas ayudas son, entre otros, tener 18 años cumplidos y no haber cumplido los 40 en el año natural de presentación de la solicitud de ayuda; ejecutar un plan empresarial que demuestra la viabilidad económica de la explotación en la que se incorporan, y tener las competencias y las calificaciones profesionales adecuadas o comprometerse a obtenerlas en el plazo de cuarenta y ocho meses, a contar desde la fecha de concesión de la ayuda.